COMUNICADO DE CGT
CONTRA LA REFORMA DE
LA LEY DEL
ABORTO
EN DEFENSA DEL
DERECHO A DECIDIR DE LA MUJER
SOBRE SU CUERPO Y
SU MATERNIDAD
POR LA DESPENALIZACIÓN DEL
ABORTO
La reforma de la ley del aborto
del ministro de justicia Gallardón elimina el derecho logrado por las mujeres a
abortar en la sanidad pública en las primeras 14 semanas y hará, a niveles
prácticos, imposible abortar en España.
En la situación de
crisis económica actual, especialmente entre las mujeres, la nueva ley
provocará abortos clandestinos, por tanto, se incrementará el riesgo de muertes
de mujeres.
El
viernes 20 de diciembre de 2013, el
Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la reforma de la ley del
aborto propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
obedeciendo los dictámenes de la Conferencia Episcopal
de la Iglesia
católica y aboliendo el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción
de su embarazo.
Tras
el proceso de informes y debate Parlamentario, la Ley entrará en vigor en el
plazo de un año. Desde la CGT,
continuaremos luchando codo con codo con plataformas feministas, movimientos, colectivos, asambleas de
mujeres... para que este atentado reaccionario que supone esta reforma no
llegue a perpetrarse, seguiremos luchando contra este abuso de poder, contra
esta dictadura parlamentaria, contra
esta sumisión de la sociedad civil a una trasnochada iglesia y un gobierno
retrógrado.
El
nombre de esta nueva ley no es gratuito. La Ley Orgánica de
Protección de la Vida
del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada,
como su nombre indica antepone los derechos del feto a los de la mujer y
representa el mayor atentado contra la dignidad de las mujeres, contra su lucha
por la igualdad, de los últimos treinta años, al negarles su capacidad de
decidir.
¿Qué novedades
presenta esta reforma de la ley del aborto?
La
primera es ideológica. La interrupción del embarazo deja de ser un derecho de
la mujer en las primeras 14 semanas, como sucedía con la ley anterior de 2010 y
vuelve a ser un delito, un delito que se despenaliza en sólo dos supuestos y
con mayores restricciones para acogerse a ellos.
Los
dos únicos supuestos son: violación (alegable en las primeras 12 semanas) y
“grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer (alegable
en las primeras 22 semanas). Este
peligro será dictaminado por especialistas en medicina pero con restricciones
mayores que las contempladas en la
Ley de Supuestos de 1985 y con un burocratizado proceso.
Por
el contrario, la presencia de malformaciones fetales gravísimas o enfermedades
del feto no serán motivo legal de aborto, aunque sí lo será el efecto
psicológico que eso tenga en la embarazada. ¿Quién dictaminará este efecto
psicológico? Este supuesto de efecto psicológico se podrá alegar pero con un
procedimiento más exigente, más complicado y más largo que el actual.
Para acreditar el
grave efecto psicológico sobre la mujer, se precisará un informe de dos médicos
(antes era uno) y ajenos a la clínica en la que tendría lugar el aborto, no
pudiendo ser quienes vayan a practicarlo (como en la ley actual) ni trabajen en el mismo centro hospitalario
(esta es la novedad).
Se amplía el plazo de
reflexión de tres a siete días para que la mujer sea informada sobre el aborto
y sus consecuencias y decida abortar.
Se vuelve a que las
menores de edad con 16-17 años precisen el permiso de su familia para poder
abortar. En caso de discrepancia, será un juzgado, en un plazo de 15 días,
quien determine a quién da la razón.
Si antes el derecho a
la objeción de conciencia era sólo para el o la médico que iba a practicar el
aborto, con esta reforma, la objeción de conciencia se generaliza y amplia a
todas y todos los
posibles profesionales sanitarios que participen, colaboren o cuyo trabajo sea
preciso para realizar un aborto, como el personal administrativo, celador,
auxiliar, personal de quirófano.
El aborto fuera de los
supuestos legales, es un delito pero a quien se castiga será al profesional
médico y no a la mujer (hasta tres años de cárcel y hasta seis
de inhabilitación, como ahora) ya que nuestro heroico caballero, paternalista y
machista ministro Gallardón, como garante protector de la débil mujer;
considera a la mujer como menor de edad, considera a la mujer como una víctima del aborto
Finalmente, esta concepción de la ley del aborto, hace
innecesarios, acaba, con todas las medidas y políticas sociales como la
educación sexual y afectiva, el fomento del acceso a los métodos
anticonceptivos, los programas de planificación familiar, de formación para la juventud.
Desde CGT consideramos que sin respeto a los derechos de
la mujer, se genera una violencia institucional que se generaliza entre toda la
sociedad y desplaza a la mujer a una situación de inferioridad, sumisión y
desigualdad que perpetuarán el patriarcado y la violencia machista.
ABORTAR ES UN DERECHO, NO UNA OBLIGACIÓN
NOSOTRAS PARIMOS, NOSOTRAS DECIDIMOS
POR EL ABORTO LIBRE Y GRATUITO
Secretaria de la Mujer.
Secretariado
Permanente. Comité Confederal de CGT
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